Un sistema impulsado por el mercado debería funcionar así: los fundadores y ejecutivos ganan lo que los accionistas deciden que valen. Cuando millones de inversores minoristas emiten sus votos a favor de los paquetes de compensación ejecutiva, esa elección democrática tiene peso. El mercado recompensa el rendimiento, penaliza el fracaso—así es como se supone que debe funcionar. Pero, ¿qué sucede cuando la intervención judicial anula esta decisión colectiva de los inversores? ¿Cuando la interpretación personal de un individuo prevalece sobre la voluntad del mercado y los accionistas que financian estas empresas? Así no es como se supone que debe operar el capitalismo. La integridad del sistema depende de respetar el consenso del mercado y la democracia de los accionistas, no de tener a un solo tomador de decisiones que anule los resultados de votación transparentes basados en juicios subjetivos.