En 2025, se experimentó una ola de supervisión intensiva por parte de la autoridad de regulación de medios. Según los datos publicados, a lo largo del año se impusieron 90 multas administrativas a 34 diferentes proveedores de servicios. Estas acciones no se limitaron solo a multas—en algunos casos se suspendieron programas, se interrumpieron transmisiones e incluso se cancelaron licencias. Este tipo de intervenciones estrictas muestran cuánto ha aumentado la presión regulatoria en el sector. Especialmente en el ámbito de los medios digitales y la radiodifusión, la obligación de cumplir con las normativas se está centralizando cada vez más.