El académico de derecho Lynn Stout desafió el principio de la primacía del accionista, argumentando que la empresa es una entidad autónoma y que los accionistas poseen solo derechos contractuales y no propiedad. Esta perspectiva cuestiona el objetivo de maximizar el valor para los accionistas, ya que puede conducir a un cortoplacismo. Al aplicar esto al ámbito de las criptomonedas, las disputas sobre los derechos de los poseedores de tokens pueden ser engañosas. Si el objetivo del protocolo es construir una red participativa en lugar de una entidad que maximice beneficios, entonces otorgar a los poseedores de tokens menos derechos formales —considerándolos como inversores usuarios similares a los soportes de infraestructura del siglo XIX— podría facilitar un desarrollo orientado a la utilidad y a funciones a largo plazo, en lugar de perseguir retornos a corto plazo.