Estados Unidos cuenta con un sistema federal, lo que implica que la facultad de indultar está repartida: tanto el Presidente en el ámbito federal como las autoridades estatales designadas ejercen su propio poder de clemencia.
En el nivel federal, el artículo II, sección 2, cláusula 1 de la Constitución de Estados Unidos indica: “Salvo en casos de impeachment, el Presidente... tendrá poder para conceder indultos y conmutaciones de penas por delitos contra los Estados Unidos”. Dicho de otro modo, el Presidente puede indultar cualquier delito federal, salvo los casos de impeachment.
En el ámbito estatal, el ejercicio del indulto depende principalmente de las constituciones de cada estado y suele adoptar una de estas cuatro formas: autoridad exclusiva del gobernador, autoridad exclusiva de una comisión o consejo asesor, autoridad compartida con el gobernador como miembro de la comisión, o el poder del gobernador condicionado al dictamen de una comisión.
Esta sección, elaborada por el equipo de Sa Jie, se centra en el indulto presidencial—la vertiente más emblemática del sistema de indultos estadounidense—para mostrar su funcionamiento y aplicación práctica.
De acuerdo con el United States Code, el procedimiento para obtener un indulto presidencial exige que el condenado presente la solicitud personalmente. Los argumentos principales incluyen asumir la responsabilidad penal, mostrar arrepentimiento genuino, reparar el daño causado y demostrar capacidad para llevar una vida responsable. La petición debe incluir al menos tres informes de carácter escritos.
La Oficina del Fiscal de Indultos, dependiente del Departamento de Justicia, tramita las solicitudes de indulto y coordina con otros organismos (como el FBI) para la investigación. Durante el proceso de revisión, las entidades implicadas y las víctimas pueden aportar información. Posteriormente, se formula una recomendación al Fiscal General Adjunto para su análisis y firma, quien la remite a la Consejería Jurídica de la Casa Blanca, y este la presenta al Presidente en el momento oportuno para la decisión final.
En apariencia, este proceso riguroso sugiere que el indulto presidencial está fuertemente regulado. En la práctica, estos requisitos solo limitan a los solicitantes, no al Presidente.
Si el Presidente decide conceder un indulto por iniciativa propia, apenas existen restricciones, salvo las contempladas en la Constitución, que limita los indultos a delitos federales y excluye el impeachment. En Ex parte Garland (1866), el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró expresamente que el poder presidencial de indultar es “amplio e ilimitado”.
Esta autoridad de gran alcance tiene su origen, en parte, en la influencia de la tradición monárquica británica durante la época colonial—los monarcas ingleses ya disponían de poder para indultar desde el siglo VII—y, en parte, como una prerrogativa ejecutiva discrecional destinada a equilibrar el poder legislativo y judicial, permitiendo que el Ejecutivo muestre clemencia ante víctimas de juicios injustos.
Una vez concedido, el indulto presidencial genera dos efectos legales principales: en primer lugar, elimina total o parcialmente la condena; en segundo lugar, restaura todos los derechos perdidos por la condena, como el derecho al voto, a ocupar cargos públicos y a trabajar en profesiones reguladas. En Ex parte Garland (1866), el Tribunal Supremo sostuvo que el indulto “elimina la culpabilidad y todas sus consecuencias legales”, equiparando legalmente al indultado con quien “no hubiera cometido el delito”.
Sin embargo, aunque la pena desaparece, la condena se mantiene en los registros y los hechos del delito persisten. El estigma social también puede perdurar en la percepción pública.
Presentado el marco legal del indulto estadounidense, el equipo de Sa Jie analiza cómo se aplicó en el caso del indulto presidencial de Trump a Changpeng Zhao.
En 2023, con el endurecimiento global de la regulación de criptomonedas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra Changpeng Zhao y Binance, alegando infracciones de la Bank Secrecy Act (Ley de Secreto Bancario)—concretamente, la ausencia de programas eficaces de AML (Prevención de lavado de dinero) y KYC (Conozca a su cliente).
Zhao llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia, pagando personalmente una multa de 50 millones de dólares, mientras Binance aceptó una sanción de 4.300 millones de dólares.
En abril de 2024, un tribunal federal de Seattle condenó a Zhao a cuatro meses de prisión. Tras cumplir la pena, abandonó Estados Unidos y renunció como director ejecutivo de Binance. El 23 de octubre de 2025, Trump le concedió el indulto presidencial, reavivando el interés público sobre el caso.
Este indulto ejemplifica la discrecionalidad total del Presidente. No fue iniciado por una solicitud del condenado, y tanto la motivación como el momento fueron decisión exclusiva de Trump, sin que ningún procedimiento ni institución pudiera limitar este poder.
¿Qué efectos concretos tuvo el indulto de Trump en Changpeng Zhao?
Primero, Zhao ya había cumplido íntegramente su condena (cuatro meses en prisión), así que el indulto no supuso una reducción de la pena.
Segundo, la multa de 50 millones de dólares pagada como parte del acuerdo no le fue devuelta tras el indulto.
Tercero, el verdadero efecto fue la restauración de la capacidad de Zhao para trabajar en sectores regulados—la «función restaurativa».
Según la Bank Secrecy Act (Ley de Secreto Bancario), quienes tienen antecedentes penales suelen quedar excluidos de la gestión de instituciones financieras reguladas o de asociarse con entidades financieras estadounidenses. Con el indulto presidencial, esa restricción desaparece, permitiendo a Zhao reincorporarse al sector de las criptomonedas, ocupar cargos ejecutivos en empresas fintech y retomar relaciones comerciales con entidades financieras de Estados Unidos.
El indulto a Zhao tiene repercusiones inmediatas y de largo plazo en la industria de las criptomonedas.
A corto plazo, el indulto supuso un impulso para Binance y para el mercado cripto en general. Tras el anuncio, el token BNB de Binance subió un 8 %, y las principales criptomonedas como Bitcoin también repuntaron, reflejando el optimismo de los inversores sobre Binance y las perspectivas del sector.
Sin embargo, la incertidumbre persiste: Binance continúa bajo estricta supervisión regulatoria y su sanción de 4.300 millones de dólares y las prohibiciones operativas siguen activas. El retorno al mercado estadounidense será complicado. Si Binance no logra cumplir las expectativas de los reguladores, el repunte podría ser efímero y los inversores deben estar atentos al riesgo de corrección si el sentimiento se enfría.
A largo plazo, el indulto puede interpretarse como una señal de Trump de un enfoque regulatorio más flexible. La decisión de la administración Trump se interpreta como el fin de la “guerra contra las criptomonedas” bajo Biden, sugiriendo que Estados Unidos podría pasar de regulador cauteloso a promotor activo—reforzando su papel de liderazgo en el sector cripto.
No obstante, el indulto ha generado polémica por “favoritismo político”, dada la estrecha relación de Binance con el proyecto de stablecoin de la familia Trump, USD1. Han surgido dudas sobre posibles acuerdos de “pay-to-play”. A medida que la independencia y el cumplimiento normativo cobran mayor relevancia, estas acciones incrementan la preocupación del sector por la equidad y la integridad de la supervisión cripto.





