Según Nikkei News, la Agencia de Servicios Financieros de Japón planea fortalecer las sanciones contra violaciones de activos criptográficos. Para instituciones no registradas que se dediquen a la venta de criptomonedas, la pena máxima se incrementará de menos de 3 años a menos de 10 años, y el límite de multas también aumentará de 3 millones de yenes japoneses a 10 millones de yenes japoneses. Las enmiendas legislativas relacionadas se presentarán pronto ante el Parlamento para fortalecer la protección de los inversores.

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