Las regulaciones DAC8 de la UE requieren que las empresas de criptomonedas recopilen y reporten datos de los usuarios a las autoridades fiscales, incluyendo transacciones de autocustodia. A partir de 2026, el cumplimiento implica informes detallados, con un enfoque en mejorar la visibilidad fiscal y generar ingresos sustanciales, mientras se imponen procesos estructurados para la no conformidad.